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| La Policía Nacional identificando inmigrantes en Lavapiés |
Después del nuevo amotinamiento de centenares de «indignados» en Lavapiés el pasado martes para evitar la detención de un senegalés que traficaba con droga, la plaza donde acontecieron los hechos contaba ayer con el doble de presencia policial, incluso había apostado un furgón de la Unidad de Intervención Policial (UIP). La repulsa de los inmigrantes que pululaban por la plaza era patente y el agrado de los vecinos también. «No hay derecho a que nos acosen constantemente», decía un cubano reunido con sus compatriotas. «No es de recibo que intenten evitar que se lleven a un traficante. A ver si fuera su hermano el que les compra la droga lo que hacían», protestaba Goyi, una octogenaria afincada en el barrio desde su nacimiento.
El suma y sigue de las actuaciones ilegales de los «indignados» sin que nadie lo evite hace que a bien pocos les salgan las cuentas a la hora de confirmar que España se rige como Estado de Derecho. La rebelión del 15-M en Lavapiés el martes, en este caso contra la Policía Municipal, ha tensado al máximo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miran de frente a los responsables: la delegada de Gobierno, Dolores Carrión, y a Interior, tanto al ministro saliente, Rubalcaba, como al entrante, Antonio Camacho, en quien depositan más confianza.
Desde el sindicato de la Unión Federal de Policía (UFP) consideran que al movimiento «se le ha dado mucha cobertura y cancha y piensan que ya están por encima del bien y el mal. No hay órdenes de la delegada ni del ministro de Interior y perjudican seriamente la labor policial. En breve va a haber que lamentar algo más grave por no cumplir la Ley de Seguridad Ciudadana para estas concentraciones ilegales».
Los vecinos, con los agentes
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) opinan que se está dejando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «a la altura del betún, y eso que están actuando de forma muy prudente, pero no se debe permitir esta situación que va a desembocar en algún accidente lamentable».
Más contundentes son las valoraciones de la Confederación Española de Policía (CEP): «Nos hemos reunido con el nuevo ministro para pedirle que restablezca en esta cuestión el principio de legalidad y autoridad, que están bajo mínimos. El 15-M impide ilegalmente desalojos y desahucios y quieren convertir Lavapiés en un gueto. Al final va a ser imposible que los patrullas entren en pareja solos en la zona como ocurre en poblados marginales.
Desde la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés condenan la actuación de los «indignados». «No es nada positivo para el barrio. No estamos de acuerdo. En la plaza hay trapicheo y queremos que se erradique. La Policía está haciendo su labor. Hace diez años el tráfico de drogas era bestial, ahora está localizado en grupos reducidos en la plaza. Hemos ganado en seguridad y es por la Policía», indicó su presidente Manuel Osuna.
Fuentes policiales indican que el 80% de la droga que se mueve en Lavapiés y Tirso de Molina la llevan extranjeros «algo que no se puede eludir. «No se puede amparar movimientos ciudadanos para proteger a delincuentes. ¿Qué pasa si algún policía se ve acorralado y saca la pistola? La delegada no se quiere mojar. No se actúa con contundencia», consideran desde el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM).
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